UN POLITICO NO ES BUEN ADMINISTRDOR.

                                     UN POLITICO 

                       NO ES BUEN ADMINISTRDOR

Lic. Aurelio Jesús MG.

La importancia del administrador en la gestión pública.

 Por: lcdo. Mayorca guerra

Por su formación profesional el Administrador es el indicado para desempeñar las funciones del más alto cargo en un gobierno, donde los recursos económicos de un estado sean administrados de manera eficiente y eficaz, orientando la economía a la satisfacción de las necesidades básicas de su población sin distinción alguna, priorizando en los sectores de menor desarrollo, donde se concentra los conflictos y necesidades que deben ser resueltos por el estado con equidad y racionalidad mediante planes de acción de corto, mediano y largo plazo.

El manejo de la economía publica, requiere de un experto en administración pública, que tome decisiones orientando la economía en proyectos que viabilice el desarrollo integral de la comunidad en armonía con las normas constitucionales y estableciendo condiciones que permita una calidad de vida de la población, especialmente en las zonas rurales no desarrolladas económicamente. “El Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura” (*).

Es obligación del gobierno de turno, dotar a su población con servicios básicos e infraestructuras de calidad que permita el desarrollo integral del hombre y su comunidad, para ello un país en desarrollo, requiere la optimización de su economía, alineando sus recursos hacia los sectores no desarrollados. Esta función debe ser asignado a un Profesional en Administración y NO improvisar con profesionales que no cuenta con la formación de administrador quienes desarrollan las actividades de un tramitador obedeciendo consignas de políticos comprometidos con los grandes monopolios que poco le interesa el desarrollo humano de la población marginada.

La administración de la economía del país requiere de una racionalización acorde a las necesidades de cada zona geográfica y población deprimida a fin de que, el desarrollo de la economía del país sea equitativo y armónico desde la célula familiar, local, distrital, provincial y regional, promoviendo actividades económicas que genere oferta laboral en las diversas escalas de servicios y productivos, para lo cual es importante que, la racionalización de los recursos sea optimizando y  su administración no sea manejados con criterio político,  tarea que debe ser eminentemente técnico donde el político debe ser soporte en regular las bases legales en armonía con la constitución. 

Un país que, donde los peces grandes se lo devoran a los pequeños, la corrupción esta institucionalizada, sus leyes son formulados y orientados a sectores con poder, donde predomina el falso criollismo por no pagar impuestos (Profesionales que no entregan comprobantes de servicios, falsos ambulantes, entre otros), donde las grandes empresas no tributan oportunamente y se valen por el mecanismo de las leyes que están preparados como herramienta a su favor y en armonía con la corrupción, finalmente el monopolio que no permite la creación de otra empresas que regule un libre mercado de competencia. Finalmente, este método de articulación de la economía ha deteriorado profundamente la economía de las comunidades distribuidas a lo largo del territorio como en las zonas marginales de las ciudades, los mismos que, para supervivir se ven obligados a ofrecer la mano de obra barata, con la consiguiente degradación de la familia y otros se involucran en acciones antisociales cuando no encuentran oportunidades de trabajo por la supervivencia de él y su familia. Donde el Gobierno debe cumplir las funciones de un padre en un hogar con raíces de una cultura moral, generando y distribuyendo la economía familiar equitativamente a todos sus integrantes, brindándoles bienestar y el desarrollo integral con equidad para que sean útiles a la sociedad.

(*) Constitución Política del Perú, Art. 5.